HERNANDEZ
REYES JUAN CARLOS
México
a partir de la transición política PRI – PAN ha sufrido una serie de
condiciones políticas, económicas, sociales y de seguridad, las cuales lo ponen
al filo del colapso institucional, generándose así una situación de
ingobernabilidad y adjetivándolo a un estado fallido.
El
agotamiento del esquema político y sobre todo el económico, dan pauta al
crecimiento de las problemáticas sociales, agudizándose y debilitando aun mas,
un estado que está ahora basado, en diferentes estructuras como lo son el ejército,
la media, grupos empresariales, etc., los cuales al verse en la posición
aventajada de una necesidad de la elite política y estatal para la continuidad
de este, ven privilegiados sus intereses, dejando así un enfoque social,
eficiente y eficaz por parte del estado.
Esta
necesidad del estado de no poder legitimarse y sustentarse ante una sociedad la
cual representa, lo obliga a basarse en otras estructuras, de igual forma
muestra el claro debilitamiento y falta de dirección, atendiendo solo a
intereses particulares y agudizando problemáticas, entre las más importantes la
cuestión de seguridad.
Dentro
de esta cuestión de seguridad pública, vemos que los tres ejes esenciales, el
económico, el político y el social, están de la mano con esta problemática, originando
así un problema de mayor envergadura y complejidad, el cual ha permeado en casi
su totalidad estas tres instancias, tocando un punto fundamental dentro del
estado, el proporcionar un mínimo de seguridad jurídica a los ciudadanos.
El
agotamiento del sector institucional en la lucha del crimen organizado, la
infiltración de este en las instituciones encargadas de brindarnos seguridad y
la capacidad del crimen de intimidar y generar un poder mayor al del estado en
algunas regiones, han permitido que este llegue a ser un segundo poder dentro
del mismo estado, controlando regiones enteras donde la capacidad institucional
queda imperceptible, donde gobernadores, fuerza pública y ciudadanos, al no
tener otra opción que involucrarse o atender las necesidades del crimen
organizado caen en un círculo vicioso que no hace más que alimentar el poderío
y desarrollo de estos grupos.
Sin
embargo esta coalición ciudadanía, institución y crimen organizado es
justificada, dada la incapacidad del estado para gobernar y para brindar
seguridad, de igual manera vemos aquí la debilidad institucional y la falta de
visión política y estatal para desarrollar políticas nuevas que encaucen y
regeneren la lucha contra el narcotráfico, este no solo siendo un problema de
venta de drogas, sino un monopolio del crimen, de igual forma ver que el crimen
organizado es el resultado de diferentes
condiciones y problemáticas sociales, políticas y económicas que desembocan en
la aparición y fortaleza del crimen.
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