miércoles, 13 de noviembre de 2013

Alumno: Isaac Vázquez Venegas

La presidencia débil 2006-2012[1]
 
Ensayo analítico
El periodo de Felipe Calderón en la presidencia de la república es percibido como una etapa particularmente oscura por la opinión pública. La guerra contra el narcotráfico que emprendió desde los primero días de su mandato, acarreó resultados nefastos que terminaron manchando irremediablemente su administración. Gerardo Nieto, En su libro La Presidencia Débil, hace un análisis minucioso de las condiciones en las que el presidente Calderón tuvo que gobernar y como esas mismas condiciones fueron las que le impidieron llevar a cabo políticas efectivas y trascendentes para el desarrollo del país.
Una de las razones principales que se postulan en el texto para explicar por qué en este sexenio el Ejecutivo se vio tan limitado en sus posibilidades de acción, es el hecho de que la fortaleza de la presidencia estribaba en el respaldo que diversos actores políticos le proporcionaban. Las televisoras, la Iglesia Católica, el gobierno de EE.UU., PRI, PAN y otros, eran pilares fundamentales sin los cuales el gobierno de Calderón correría el riesgo de colapsar. Como era de esperarse, este apoyo no fue gratuito; estaba condicionado a la perpetuación del status quo y los privilegios de estos actores.
Los partidos de izquierda, acérrimos opositores del gobierno Calderonista, sin siquiera reconocer su legitimidad, obstaculizaban aún más la capacidad del poder ejecutivo para construir acuerdos. Esa legitimidad ausente se trataría de conseguir mediante la guerra contra el crimen organizado, aunque al final del sexenio y 80 mil muertos después, el saldo obtenido no sería otra cosa que un rechazo generalizado hacía sus políticas de seguridad por parte de la opinión pública.
En el capítulo dos de la obra, Silenciosa Pretorianización, se aborda a detalle la dependencia del ejecutivo hacia el Ejército y las particularidades que se derivaron  de encargar al cuerpo castrense los asuntos de seguridad pública. La ola de violencia exacerbada que se extendió a lo largo y ancho del país, generó una sensación de inseguridad que tuvo  un gran impacto en toda la sociedad mexicana. Varios Estados del  norte de la república se consideraban como lugares donde salir a la calle era arriesgar la vida y, a nivel internacional, México era comparado con Pakistán en términos de ingobernabilidad.
A esta altura de la exposición, sería apropiado plantearnos algunas interrogantes. ¿Cómo explicamos que el Estado de derecho se vea completamente vulnerado y que sea necesario recurrir a las Fuerzas Armadas para tratar de controlar la situación? ¿Cómo explicamos, también, que los diversos actores políticos puedan hacer de la agenda pública un medio para obtener beneficios privados; todo esto ante la completa indiferencia de la mayoría de los ciudadanos? Desde mi punto de vista, el problema tiene un origen multifactorial y, si vamos a considerar que la simple construcción de ciudadanía es la solución a todos los problemas políticos  y sociales del país, hace falta definir qué condiciones materiales deben existir para que la construcción de esa ciudadanía sea posible.
En primer lugar, haría falta garantizar la impartición efectiva de la justicia. Es poco relevante que se posea el mejor y más completo sistema de normas jurídicas, si es completamente inoperante y la mayoría de los crímenes permanecen impunes. Podemos suponer que poco le importará a la ciudadanía que formalmente se declaré un Estado de sitio o excepción que anule legalmente sus garantías individuales, si en su realidad cotidiana no existe algún medio para hacerlas valer y respetar.
Por otro lado, es difícil creer que sea posible el fomento de valores ciudadanos, como el respeto a la ley y la participación política, si más de 50 millones de mexicanos experimentan algún tipo de pobreza. ¿Qué compromiso puede exigirles un Estado que ni siquiera puede garantizar su seguridad?
 Probablemente estos dos problemas guardan una relación de causalidad mutua muy estrecha. En esencia, el objetivo primordial del Estado debe ser garantizar la prevalencia del Estado de derecho. Si consideramos que el modelo político y el modelo económico se encuentran agotados,  tal vez sea porque en realidad no han funcionado apropiadamente. Los problemas estructurales que alcanzan a todos los estratos de la sociedad son muestra manifiesta de ello. Entonces ¿Será problema de los modelos en sí mismos o de cómo se han venido realizando?





[1] Nieto, Gerardo. La presidencia débil: 2006-2012. Ensayo político sobre la dialéctica del caos. México, Strategos. 2014

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